En Perú desarrollamos proyectos con la organización socia local, Movimiento Manuela Ramos, y con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el  Desarrollo, contribuimos al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, en sus diferentes expresiones en el espacio público (acoso, sexual, acoso virtual, acoso político, acoso a defensoras de derechos humanos) y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de género), mediante la implementación de políticas públicas y programas que respondan al avance de la Agenda 2030.

El Movimiento Manuela Ramos, trabaja desde 1978, en la promoción y defensa de la autonomía de las mujeres, aportando a la construcción de la democracia y de relaciones de género equitativas. Su accionar se desarrolla en casi todo el país centrado en mujeres campesinas, indígenas y trabajadoras urbanas. Entrevistamos a Elizabeth Herrera, responsable de proyectos de nuestra organización socia local en Perú, Movimiento Manuela Ramos, en temas de acoso político a mujeres.

¿Cómo trabajáis las violencias de género, y más concretamente en el tema del acoso político?

Nosotras trabajamos las violencias machistas, como el acoso político a través de tres frentes:

El primero, es todo el trabajo de fortalecimiento de capacidades de mujeres autoridades para que conozcan todas sus funciones y competencias y, sobre todo, que conozcan qué es el acoso político, cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene para su gestión como autoridades.

Por el otro lado, el tema de la incidencia, porque tenemos, una ley en Perú, la Nº 31155, que se enfoca en la atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres en la vida política, con el objetivo de garantizar su participación plena en igualdad de condiciones. Pero esta ley carece todavía de sanciones claras; estamos en una tarea de incidencia para que esa ley sea mejorada y exprese claramente las sanciones, porque lamentablemente, al no haber sanciones, la ley, como nosotras decimos, “carece de dientes”; y se siguen registrando muchos casos de acoso político, desde la violencia psicológica y física, a manifestaciones diversas, como es no darles la palabra, esconderles documentos, generando comunicaciones en redes sociales difamatorias.... Queremos una modificación de la ley donde expresamente estén las sanciones para el funcionariado, las autoridades de organizaciones políticas que hacen uso del acoso político para expulsar a las mujeres de los espacios de decisión. Por ejemplo, con esta modificación lo que buscamos es que las organizaciones políticas internamente regulen, en sus partidos, el acoso político. Queremos que haya sanciones claras, desde multas hasta sanciones más graves que se complementan con otra ley: la Nº 30364, para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. También buscamos que la ley vigente se ponga en marcha porque da ciertas indicaciones para su aplicación; por ejemplo, los municipios y los gobiernos regionales tienen recogido ya en sus normas internas locales, el acoso político como una modalidad de violencia y regulan las sesiones de los consejos. Estamos avanzando y es ahí donde hacemos incidencia con las redes de mujeres que son autoridades, y son quiénes están impulsando ordenanzas para que se incorpore en sus reglamentos internos, el acoso político.

Por último, la ley dice que las organizaciones políticas tienen que reportar cada seis meses al Ministerio de la Mujer, qué tipo de acciones han registrado sobre acoso político en sus organizaciones políticas. Lamentablemente va lento, y muy pocas organizaciones políticas lo presentan. Hay un tema clave en los partidos y es la modificación de sus estatutos para que incorporen el tema del acoso político como una modalidad de violencias que busca expulsar a las mujeres de los propios partidos cuando son electas de sus cargos.

¿Cuando hablamos de acoso político en su globalidad, lo sufren todas las mujeres en las mismas dimensiones?

Según la ley y resumido, sería una modalidad de violencias machistas que busca expulsar a las mujeres de espacios públicos y de decisión. Ese es el acoso político. Y esta modalidad de violencias machistas, históricamente ha sido invisible en el Perú y en otros países. Son las propias mujeres autoridades, las que se organizan ya desde 2008, en unos encuentros donde empezaron a hablar de gestión pública y había un denominador común: los obstáculos que había para el desarrollo de sus gestiones, sobre todo en regidoras que fiscalizan. Había que hacer algo y se organizaron en Red de mujeres autoridades, donde nosotras les acompañamos.

Otro tema, es que las mujeres en promedio están en los cargos de decisión cuatro años, lo que dura su gestión y luego no quieren perjudicar su vida; a las mujeres políticas se les exige más que a los hombres, se las cuestiona; por ello muchas se están profesionalizando, pero qué pasa con las mujeres regidoras en municipios pequeños y rurales, que es donde más se registran situaciones de acoso político... testimonios hay miles desde violencia psicológica a humillaciones… Muchas veces no se reconoce el acoso y cuesta ponerle nombre, de ahí la importancia de tejer redes de mujeres autoridades contra el acoso, que sufren, no sólo mujeres de Latinoamérica, sino de todo el mundo.

¿Cómo implicáis a las autoridades distritales y a las municipales en el ejercicio de una vida libre de violencia?

El 2008 es un año clave y, hasta la fecha, es como una ruta de trabajo permanente. En 2008 se forma la Red Nacional de Mujeres, Autoridades Locales y Regionales del Perú (RENAMA), que tiene a su vez otras redes, como en Ayacucho, San Martín, Huancavelica… en cada región se forman redes que son la base de la RENAMA; y es en estos espacios donde las mujeres se reúnen para capacitarse, trazar estrategias frente al acoso político, entre ellas también se acompañan ante situaciones de acoso, lanzan sus alertas, y dicen que la ley las ampara... van tranzando sus propias rutas. El Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Flora Tristán las acompañamos con programas formativos y talleres, nos complementamos y visibilizamos su trabajo y actividades. Las formaciones las damos provincia a provincia, porque también es un acompañamiento desde lo local, desde sus propias comunidades. En ese acompañamiento se identifican casos de acoso y son las redes las que acompañan y sacamos alertas sobre casos de acoso, previa autorización de la mujer autoridad.  Si la mujer autoridad dice “no me saques la alerta porque creo que esto puede detonar peor”. Lo respetamos, acompañamos de otros modos.

También damos soporte con las nuevas tecnologías. Las instituciones como la Contraloría les pide mucho a las mujeres autoridades, subir información en plataformas, etc. y muchas mujeres autoridades del ámbito rural no tienen esas expertises, y entre las propias redes se organizan y contactan con la universidad para que les dejen las computadoras y se ayudan entre ellas, también los chats de Whatsapp, les dan tutoriales. No presentar documentos es una forma de acoso y decirlas “no has presentado esto” y sumar documentos no presentados puede suponer la vacantía del cargo.

Trabajamos desde múltiples ámbitos y en movilización estamos con la campaña: Somos la mitad, queremos paridad. Sin acoso.

¿Qué importancia le das a las formaciones y capacitaciones de las mujeres en la defensa de sus derechos y en empoderarlas?

Para nosotras es la base del trabajo, la capacitación y la formación, partiendo desde los propios saberes de cada zona de trabajo. Eso para nosotras es fundamental para luego realizar otro tipo de acciones, porque las mujeres ya capacitadas, conociendo sus derechos, conociendo el marco legal… ya podemos entrar a otra fase, como por ejemplo, la incidencia, la sensibilización, que ellas puedan replicar  la información, puedan ser conductoras de radio, influenciadoras. Para nosotras toda nuestra intervención es un punto de partida y la base, la capacitación a mujeres autoridades, mujeres lideresas, jóvenes activistas.